El Senado entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) los listados de los candidatos que participarán en la elección judicial del próximo 1 de junio, eso al agrupar los insaculados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En el evento protocolario realizado en instalaciones del INE, el presidente de la junta directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró que se diera la entrega de estos listados, señalando que con ello la Cámara de Senadores termina su función como órgano auxiliar y reiteró que no intervendrán en el proceso electoral. 

El próximo 31 de enero el Senado de la República llevará a cabo el proceso para definir por insaculación (tómbola), a las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento con un fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

El proceso se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas y de acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, este se realizará de manera “continua, pública y transparente”.

El pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2025 (LIF 2025), con una proyección de ingresos totales por 9 billones 302 mil millones de pesos, así como un margen de deuda interna para el Ejecutivo Federal por un billón 580 mil millones de pesos y un endeudamiento externo por hasta 10 mil millones de dólares para financiar programas prioritarios y proyectos de infraestructura.

Bajo el argumento de que otorgar una prórroga a la elección judicial equivaldría a no respetar “el texto constitucional vigente” y comprometería el cumplimiento íntegro y oportuno del proceso de renovación del Poder Judicial, el Senado de la República negó la prórroga de 90 días solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe continuar con la organización del proceso electoral extraordinario para jueces, magistrados y ministros, programado para junio de 2025, pese a las más de 170 suspensiones otorgadas por jueces federales.

Con 87 votos a favor, la madrugada de este miércoles el Senado de la República reeligió a Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un segundo periodo de cinco años.

La Cámara de Diputados Federal, espera recibir este jueves los votos de aprobación de al menos 17 Congresos locales, con los que se pueda declarar la constitucionalidad de la reforma de la llamada “supremacía constitucional”.

Con dicha reforma, presentada por el Ejecutivo Federal, se busca que ninguna de las reformas presentadas recientemente y que han causado controversia con la oposición, puedan ser impugnadas.

El pleno del Senado de la República aprobó la licencia que solicitó el senador Marko Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), para separarse de sus funciones legislativas durante próximos días y continuar con la gira que realiza por España.

Durante la sesión de este martes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el panista Cortés Mendoza, quien se encuentra en España, solicitó licencia para separarse de sus funciones los días 29, 30 y 31 de octubre. 

El Senado de la República cumplió con lo establecido en la reforma judicial que fijaba como plazo máximo el 16 de octubre para que la convocatoria para le elección de cargos en el Poder Judicial fuera emitida. 

Con 78 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó la emisión de la convocatoria general para la integración del listado de candidaturas de 850 juzgadores que serán electos el 1 de junio de 2025.

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, el dictamen que establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, así como la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación.

Después de cinco horas, con 124 votos a favor y ninguno en contra, los senadores aprobaron la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada al Congreso por el expresidente López Obrador.