El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial continuar de inmediato sus labores de selección y evaluación de aspirantes para la elección del 1 de junio y en un plazo máximo de 24 horas.

Con tres votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Sala Superior aprobaron el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso que resuelve quejas presentadas por participantes de la elección seleccionados por el Comité del Poder Judicial.

El proyecto pide al comité sobreestimar la suspensión del juez de distrito de Michoacán, Sergio Santamaría y determina presentar una denuncia penal en su contra, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por ir contra la administración de justicia y exceder sus atribuciones, ya que la suspensión es improcedente, al ser un asunto electoral.

Además, ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se presentará una queja contra el juzgador con sede en Michoacán  porque “inobservó el orden constitucional, ya que interfirió e invadió indebidamente en el ámbito de competencia” del TEPJF.

En la explicación de su proyecto, la magistrada Soto Fregoso señaló que existe una imposibilidad jurídica y constitucional para que una autoridad interrumpa el desarrollo del proceso electoral.

La base jurídica de la que parte el Comité de Evaluación del PJF, para suspender el procedimiento correspondiente, es incorrecta, porque la decisión de un juez de distrito, a través de un procedimiento de amparo, no puede tener eficacia jurídica en materia electoral.

El juez de distrito pretende aplicar una ley por encima del mandato constitucional que tiene esta Sala Superior”, indicó la magistrada presidenta en su intervención al poner énfasis en la supremacía constitucional que tiene el Tribunal en asuntos relacionados con elecciones.

Las ponencias de Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis no estuvieron de acuerdo con presentar una denuncia ante la FGR en contra del juez de distrito que otorgó la suspensión definitiva.

El argumento de la magistrada Otálora Malassis es que al presentar la denuncia, sería intervenir en asuntos penales y ese es un asunto que debería abordar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Mientras que el magistrado Rodríguez Mondragón decidió presentar un voto particular debido a que, desde su perspectiva, “la responsabilidad de la Sala Superior, como alta Corte es minimizar la confrontación entre tribunales, abonar a la estabilidad y a la certeza que deben tener las personas en sus derechos político-electorales, pero también a la estabilidad del sistema legal en su conjunto”.

Poco después de la resolución del TEPJF, la ministra Loretta Ortiz Ahlf celebró desde su cuenta de X, con el argumento de que es importante que las autoridades trabajen en conjunto para garantizar “el derecho de la ciudadanía a participar plenamente en la vida democrática de México”.