El Senado de la República aprobó la creación de cuatro nuevas secretarías de estado propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Por mayoría, con 82 votos a favor y 39 en contra, la Cámara Alta pasó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se crea la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá trato como secretaría de estado.

Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) se vuelve la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que será precedida por Raquel Buenrostro y tendrá parte de las funciones del INAI en cuestión de acceso a la información. 

Esta reforma, además, regresa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las Unidades de Administración y Finanzas, así como la coordinación de las compras consolidadas, mientras que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para crear e implementar estrategias para la construcción de la paz. 

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se amplían sus actividades administrativas de promoción económica y cultural, además de las ya existentes en materia comercial y turística, eso por medio de las embajadas y consulados, labor que anteriormente realizaba el Banco de Comercio Exterior (Bancomext).

En la discusión, el senador panista Miguel Márquez, criticó que varias funciones de los órganos autónomos pasarán a las secretarías de estado y eso no fortalece el combate a la corrupción, sino que “concentra en unas manos” funciones que deberían ser de los autónomos. 

Por otro lado, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, aseguró que esta reforma busca volver los poderes de la unión en “poderes del pueblo”. 

Busca mejorar los canales del Estado en beneficio de las personas, con adecuaciones pertinentes a diversas secretarías y la creación de otras, como la Secretaría de las Mujeres”, indicó la legisladora. 

Con esta reforma, según lo establecido en la misma, se pretende garantizar los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la Federación.