La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una iniciativa ante el Congreso local para reformar el Código Penal estatal y establecer sanciones de hasta 25 años de prisión para quienes participen en actividades de tala ilegal o alteración de áreas naturales.

La propuesta contempla penas de entre 15 y 25 años de prisión, además de multas de hasta tres mil 500 días de salario mínimo, cuando en la comisión del delito se utilicen herramientas como motosierras, sierras manuales u otros objetos destinados a la destrucción de los bosques. 

También se prevén sanciones en caso de que se empleen vehículos para el transporte de madera obtenida ilícitamente o si intervienen servidores públicos, quienes además serían destituidos e inhabilitados por un periodo igual al de la pena privativa de libertad.

La iniciativa también plantea sanciones de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días multa para quienes transporten, almacenen, distribuyan, procesen, comercialicen o destruyan productos de los montes o bosques sin contar con la autorización legal.

Adicionalmente, se proponen penas de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 500 días multa para quienes deterioren, por uso, ocupación o aprovechamiento, áreas naturales protegidas como reservas estatales, parques municipales y estatales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos y zonas de preservación ecológica.

La LXII Legislatura del Estado de México analizará la propuesta en comisiones antes de someterla a votación en el pleno.