Representantes de la Suprema Corte participaron este martes en el Séptimo Foro de Diálogos Nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, donde plantearon rutas para no politizar, ni caer en actos de corrupción al elegir a sus integrantes.

En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel llamó a los legisladores a reflexionar sobre tres propuestas en torno a esta Reforma; la primera, un procedimiento transitorio de revocación del cargo de las personas juzgadoras, conforme un sistema análogo que también es un sistema de participación ciudadana.

“A fin de que se les revoque su nombramiento, si así lo determina la mayoría de la ciudadanía, dentro de una participación de al menos 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores”, dijo.

Propuso, además, elección popular prioritaria para quienes se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales, se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa constitucional.

Para lograr una transformación de fondo en el Poder Judicial Federal, propuso que en la primera elección popular de quienes habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados y juzgados de Distrito, se postule exclusivamente a mujeres.

Pide Carrancá invertir en más juzgadores 

Durante su participación en el encuentro que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el primer ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresó que esta propuesta de Reforma al Poder Judicial no resolverá los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país.

Rechazó el método de elección popular de quienes integren a PJF, ya que asegura que con este método “se politiza la justicia”. Se debe invertir más, agregó, en personas juzgadoras, en capacitación y contrapesos.

“Ahora bien, no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que, como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas”, apuntó.

Indicó que el voto popular no debe ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o magistrados, al contrario, “el voto popular sí puede servir para premiar o incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad”.

Democratización de los poderes judiciales

Sobre el tema, la ministra Lenia Batres Guadarrama, dijo que hoy en el mundo se buscan más formas de democratizar a sus poderes judiciales, citó como ejemplos a Japón, en donde los ministros son sujetos a revocación popular; Suiza donde son electos por la ciudadanía; Estados Unidos, donde en 43 de los 50 estados de la Unión, eligen a sus jueces “en una república democrática, la democracia es la única forma en la que el pueblo realiza su soberanía”.

Puso también como ejemplo a la República Popular China, en Asia, se han establecido tribunales mixtos, en los que incluso se integran jueces que ni siquiera requieren ser abogados. 

“En algunos casos son elegidos popularmente y en otros son insaculados de los listados generales electorales”, afirmó.

Búsqueda de popularidad, un riesgo 

Por su parte, el ministro presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, afirmó que el PJF es el primero en reconocer la soberanía del pueblo, pues nunca ha puesto en duda la posibilidad de una designación por voluntad popular y, en ese sentido, propuso que se analicen las características propias del trabajo jurisdiccional. 

“Es un modelo que legitimará las decisiones de los juzgadores, pero esta legitimación tiene que derivar del cumplimiento de los jueces a su juramento por defender la Constitución, así como de su preparación, imparcialidad y profesionalismo, no de su popularidad o de la simpatía que puedan generar en los electores”, afirmó.

Además, señaló que el modelo que se propone generará tensiones entre las obligaciones de independencia e imparcialidad judiciales y la necesidad de tener que emitir fallos que resulten populares para atraer el voto y hacer propaganda de alguna manera para ganarse al electorado.