Tassia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de la Defensora Pública (IFDP) destacó como “impostergable” reforzar a las defensorías y propuso la creación de una ley general que homologue los servicios de defensoría pública en el país y garantice su autonomía técnica y de gestión en lo federal y local, al participar en el octavo foro de la reforma judicial.

Este martes, el penúltimo de los Diálogos Nacionales sobre el tema, en que se abordó la Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía, la también magistrada de circuito se pronunció porque todas las defensorías públicas locales queden adscritas a los Poderes Judiciales o en su caso que se les contemple como organismos autónomos.

Reforzar a la defensoría pública federal y a las defensorías de cada una de las entidades es una tarea impostergable”, señaló Cruz Parcero, en el marco de la discusión nacional sobre una reforma “que mejore las condiciones de acceso a la justicia, en favor de todas las personas,  en especial de aquellas que han padecido históricamente exclusión, violencia, marginación, discriminación o persecución ilegal”.

Desde el salón Villa Ferré en Saltillo, Coahuila, Tassia Cruz también llamó también a que se garantice su presupuesto para cumplir con la paridad salarial y contar con personal suficiente, capacitado y con estándares de calidad y especialización y regular el servicio civil de carrera como un mecanismo de ingreso y permanencia.

De foros saldrá iniciativa que responda a todo sector

Los foros sobre la reforma al Poder Judicial han enriquecido el proyecto original y permitirán que el dictamen final responda a las necesidades de todos los sectores involucrados, destacó hoy Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El diputado morenista resaltó que mediante los foros se han escuchado todas las voces y recabado opiniones de diferentes ámbitos, para elaborar el proyecto de dictamen final que será sometido a votación en la próxima legislatura.

Va a dar respuesta a muchas cosas que hoy son inquietud y que generan discusiones y protestas antes de saber qué va a pasar. Hoy a nadie se ha afectado, a nadie se ha corrido y no se pretende afectar a ningún trabajador del Poder Judicial”, aclaró.

Fortalecer defensoras garantiza derechos

El senador Ricardo Monreal Ávila explicó que el objetivo es escuchar todas las voces para tener un Poder Judicial que efectivamente esté al servicio de las y los ciudadanos.

Sobre la defensa de oficio, recordó los orígenes de ese derecho de todas y todos los ciudadanos acusados de algún delito a que un abogado les asesores y defienda, sin importar su condición.

Resaltó que el Instituto de la Defensoría Pública es el encargado de la defensa ciudadana ante autoridades del fuero federal, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.

Monreal enumeró las deficiencias en dicha institución, que generan que el 80 por ciento de la población (según una encuesta) tenga una percepción negativa del trabajo de los defensores.

Por ello, expuso, la mejora de las defensorías estatales y federales busca garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y transparencia e impulsar la profesionalización y el acceso a la justicia.

Consideró que “estamos viviendo momentos únicos de refundación de la República en sus instituciones” y que la reforma judicial “será de las más celebradas por la ciudadanía y polemizadas en diferentes círculos”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, resaltó los elementos positivos que encuentra en la reforma y expresó disposición para contribuir.

Dijo que el Poder Judicial de Coahuila ya inició capacitaciones a jueces, secretarios y actuarios, pero faltan los abogados “para estar en la misma lógica de la oralidad en todas las materias”.

Entre otros participantes, expusieron sus puntos de vista Sandra Luz Rodríguez Wong, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila; Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal; Sergio Arturo Valls, magistrado del Poder Judicial del Estado de México; y Juan Guillermo Ávila, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.