Por orden de la Sala Regional Especializada del TEPJF, el Consejo General del INE creó el padrón y los lineamientos que entrarán en vigor el 1 de septiembre
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de un padrón voluntario de mujeres que ocupan un cargo público federal de elección popular, con la finalidad de ayudar en la prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en redes sociales.
Las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey y Rita Bell López celebraron la creación de este padrón, cuyos lineamientos entrarán en vigor el 1 de septiembre, con el que se busca que las mujeres con algún cargo den sus datos de redes sociales de manera voluntaria con fines estadísticos y de prevención para conformar una base de datos.
Las consejeras indicaron que los Lineamientos y el padrón serán herramientas que, tanto a la autoridad electoral, como a otras instancias que tengan como objetivo investigar, perseguir y sancionar la VPMRG, les dará un apoyo inmediato a las mujeres que en ejercicio de su cargo consideren que han sido o están siendo violentadas a través de redes sociales o sufren violencia mediática en internet.
Con esto, se da cumplimiento a una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde se exigía a creación del padrón.
Será la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto la que dé seguimiento de las sentencias del TEPJF, esto con tal de localizar dentro del padrón a la mujer que es agredida y brindarle un mejor apoyo.
Cabe señalar que en el proceso electoral 2023-2024, el INE recibió poco más de 200 quejas de Violencia Política por Razón de Género, siendo la mayoría por ataques en redes sociales.
El Instituto apoyó a 151 mujeres que sufrieron alguna agresión, siendo 14% de ellas candidatas a alguna diputación federal y 11% siendo candidatas a tener un escaño en la Cámara Alta.
De las 259 personas denunciadas identificadas, el 13% fueron hechas por servidores públicos, 11% por integrantes de alguna agrupación política, 10.5% de algún medio digital y el resto es de la ciudadanía o quien resulte responsable.