Un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de Naucalpan, se manifestó este lunes a favor de la reforma judicial que está en vías de aprobarse en la Cámara de Diputados federal.

En respuesta a la movilización que hubo la noche del 2 de septiembre de estudiantes de Derecho y Ciencias Política de la UAEMéx en contra de la reforma, esta vez los estudiantes se pronunciaron por el respaldo a la modificación constitucional, con el argumento de que así se logrará un Poder Judicial independiente.

La marcha partió del parque Vicente Guerrero a las 12 del mediodía y concluyó alrededor de las 13:30 horas en la sede del Poder Judicial del Estado de México, trayecto en el que externaron consignas como “reforma judicial con voto popular” y “la reforma judicial va a pasar”.

Como futuros profesionales del Derecho, comentaron que en lo particular defienden la propuesta de reforma por la posibilidad de aspirar a un cargo de juez, magistrado o ministro, algo que aseguran, no sería posible si no se cambia la Constitución y se incorpora el voto popular para su elección.

Con esta reforma, se abrirán las puertas para que cualquier persona que cumpla con los requisitos se pueda postular a alguno de estos cargos judiciales, no solo a un grupo minoritario que tiene palancas", destacó Laura Gómez, estudiante de Derecho de la UAEMéx.

También hubo quienes señalaron que la reforma no radica sólo en la forma de elegir personas juzgadoras, sino en un cambio de paradigma que va desde eliminar “privilegios”, como los altos salarios judiciales, hasta la forma en que se imparte justicia.

No se trata solo de cambiar personas, sino de transformar la manera en que se imparte justicia en nuestro país, que ya no actúen a partir de intereses personales", destacó Esteban Pérez, estudiante de la FES Acatlán.

Al término de la manifestación, las y los estudiantes aseguraron que la reforma será de beneficio para toda la sociedad y que no comparten los argumentos que han expresado quienes se oponen a ella como el del daño a la división de poderes y la falta de profesionalización de jueces, ministros y magistrados.