Tras la reciente despenalización del aborto en el Estado de México hasta las 12 semanas de gestación, activistas y colectivas feministas centran sus esfuerzos en impulsar las creación de las leyes secundarias para su aplicación y con el fin de evitar omisiones o negligencias médicas.

Para ello, integrantes de las colectivas promueven mesas de trabajo con dependencias estatales como la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica del Estado de México para impulsar que se garantice la aplicación de la reforma como un derecho.

Desde el pasado 7 de diciembre es ley, tras la publicación del decreto en la Gaceta de Gobierno, y todas las mujeres y personas gestantes en la entidad deben tener garantizado el derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en las primeras 12 semanas de gestación.

Los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal del Estado de México se modificaron para establecer que esto no es más un delito.

En entrevista con Mexiquense Digital, María Gabriela Hernández, integrante de Marea Verde Edomex, explicó que la reforma al Código Penal del Estado de México se basó en el modelo implementado hace 17 años en la Ciudad de México.

A nivel nacional, la aplicación de esta reforma está respaldada por los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) que  establecen los protocolos médicos para garantizar un aborto seguro, incluyendo las dosis exactas de medicamentos y las condiciones a monitorear en caso de comorbilidades.

Gabriela Hernández destaca que ya era obligatorio que todas las instituciones de salud contaran con unidades especializadas para la atención del aborto seguro bajo los principios de malformación, violación o cuando el embarazo representaba un riesgo para la salud de la persona gestante.

Por lo que, asegura, el personal de salud no puede negar el servicio con el argumento de que las leyes secundarias no han sido aprobadas o las instituciones médicas no cuentan con los recursos para ello.

El personal médico tiene la obligación de brindar este servicio, independientemente de que las leyes secundarias aún están en desarrollo, los lineamientos técnicos ya están vigentes”, afirmó.

Para la activista de Marea Verde es primordial que las mujeres y personas gestantes que acudan por atención sean informadas en tiempo y forma para ejercer su derecho a un aborto seguro.

Ya existen las unidades, los medicamentos y los protocolos; ahora es cuestión de informar y garantizar que se brinde el servicio sin discriminación ni excusas”, puntualizó Hernández.

En el Estado de México, el Código Administrativo contempla la creación de unidades especializadas que brinden acompañamiento integral a las personas que decidan interrumpir su embarazo en las causales contempladas previamente, como malformación, riesgo médico o delitos sexuales.

Ante ello, las colectivas feministas llaman a las autoridades mexiquenses a que se vigile y no se cometan actos de negligencia o abuso.

Es fundamental evitar prácticas como engañar a las mujeres sobre el tiempo de gestación, para que sobrepasen las 12 semanas y ya no puedan acceder al servicio”, subraya Hernández.

La activista enfatizó que el aborto debe tratarse como un tema de salud pública y reconoció la voluntad política para que tras un arduo camino de más de década y media por fin la Marea Verde llegó al Estado de México.

Tuvo que haber voluntad política de la gobernadora, de la Legislatura, pero es necesario reconocer de todo el trabajo en territorio que hacen las colectivas, el acompañamiento de mujeres, de cientos de mujeres, tuvimos que esperar 17 años desde que se despenalizó en la Ciudad de México”, dijo la activista.

Aunque el decreto representa un logro histórico, las activistas consideran que falta socializar el tema y capacitar al personal de salud sobre los alcances de la reforma y continuar con las leyes secundarias, para garantizar que no se atropellen los derechos de mujeres y personas gestantes en la entidad mexiquense.

Un tema de salud pública no debe estar regulado por el sistema penal, el sistema punitivista, nunca más, concluye Gabriela quien detsaca que esta legalización debe incidir también en la prevención y la educación sexual integral, así como en la salud sexual reproductiva y no reproductiva.