Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron los dictámenes de las reformas constitucionales en materia de autonomía para pueblos originarios y afromexicanos, así como el que plantea que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La reforma sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que les otorga reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue aprobada por unanimidad de votos y sin cambios.

La división se presentó con el dictamen de la Guardia Nacional donde la aprobación se logró después de casi cuatro horas de debate, con 25 votos a favor de Morena y aliados, y 10 en contra, por parte de la oposición.

Desde el PAN, Ricardo Anaya y Marko Cortés, criticaron que la modificación implicará militarizar la seguridad pública del país, por lo que llamaron en contraste a que se genere una nueva estrategia de combate a la delincuencia.

Desde acción Nacional, quiero decirlo con toda claridad, desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país, pero para nosotros la militarización, no es la solución”, dijo el líder panista Marko Cortés.

El bloque oficialista defendió que, con esta medida, se fortalecerá la seguridad y que la Guardia Nacional, si bien estará bajo el mando militar para actuar con base en su disciplina, estará sujeta a la justicia civil, por lo que no habrá militarización.

Con esta reforma, se fortalece la capacidad del estado para enfrentar la delincuencia, al incluir a la Guardia Nacional como una fuerza que actúa bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es crucial dado que la Guardia Nacional, tiene un alcance nacional y capacidad operativa para hacer frente al crimen organizado”, comentó la senadora Ernestina Godoy.

Tras esta aprobación, ambos dictámenes pasarán al pleno del Senado para su discusión y votación, donde se prevé que se procesen de igual forma, en materia de pueblos indígenas por unanimidad y en cuanto a la Guardia Nacional por mayoría.