La sanción para quien altere el ciclo hidrológico puede ir de los 141 mil 425 hasta más de 6 millones de pesos; además se avalaron reformas para mejorar la gestión de residuos sólidos

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformar el Código para la Biodiversidad de la entidad y establecen sanciones a quienes alteren el ciclo de lluvias mediante el uso tecnologías, empleadas principalmente en zonas agrícolas.
La sanción a la alteración del ciclo hidrológico se aprobó a propuesta de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez y las bancadas del PVEM, PT y PRI.
En el dictamen se señala que quienes alteren el ciclo hidrológico mediante tecnologías de modificación artificial del tiempo, como cañones antigranizo y avionetas antilluvia deberán pagar multas que van de mil 250 hasta 55 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos entre 141 mil 425 y 6 millones 222 mil 700 pesos.
La reforma establece que las Secretarías estatales del Campo, del Agua, y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible emitirán una norma técnica para regular el uso de estas tecnologías con fines agrícolas, lo que asegurará desarrollo sostenible del sector.
Además, se ordena la creación de un inventario de fuentes fijas y móviles que emitan contaminantes a la atmósfera, incluidos mecanismos de alteración del ciclo hidrológico, además de establecer un sistema único de información de carácter público con los registros de autorizaciones, licencias y permisos en la materia.
También reforman disposición de residuos
El Congreso local, también avaló reformar el Código para la Biodiversidad estatal a fin de dar paso a la transición de los actuales centros de transferencia de residuos sólidos, mejor conocidos como basureros, a Centros Integrales de Residuos.
El propósito es mejorar el manejo de desechos en la entidad, al reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final, incrementar las tasas de reciclaje y fomentar la recuperación de materiales.
Adicionalmente, se establecieron sanciones para quienes abandonen residuos en sitios no autorizados, como la vía pública, parques, barrancas o cuerpos de agua.
En casos de reincidencia, se podrá imponer trabajo comunitario relacionado con la protección y conservación del medio ambiente en los espacios afectados.
El dictamen también amplía el concepto de servicio de limpia, al considerar un enfoque integral en la gestión de residuos.
Para la concesión de estos servicios, se deberá contemplar no solo la recolección, sino también los costos de rehabilitación por posibles afectaciones ambientales y la implementación de indicadores que midan el impacto de las acciones adoptadas.