El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en anunciar su renuncia al cargo, con efectos a partir del 31 de agosto del año entrante.

En una carta difundida en redes sociales, el ministro, quien ha expresado su rechazo a la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular a partir del próximo año, consideró “no ser candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”.

La misiva fue dirigida a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras y Senadores de la República, en la que detalló que producto de la reforma judicial se acorta el mandato para el cual fue designado en el 27 de noviembre de 2012.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual investido. Se me presentan 2 opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular.  Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura en esta labor, para la que se me siento apto, donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, expuso el magistrado en su escrito de renuncia.

“Por ello he decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma.  No por haber descubierto una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara; si no renuncio en tiempo, estaría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución que exige causa grave para justificar mi renuncia extemporánea, y aunque podría improvisar una tragedia menor para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo causa grave”.

Con esta renuncia el ministro le dio validez al proceso establecido constitucionalmente en las reforma judicial  que él mismo rechaza, aunque aclara que su dimisión no avala los ajustes legales.

“Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Pero, como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final. Hasta entonces, seguiré las reglas vigentes”,  explicó.

Esta primer renuncia se enmarca en la espera de la posible renuncia masiva de los ministros Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán; así como la presidenta de la Corte, Norma Piña; quienes se han manifestado en contra de la reforma judicial.