El traslado de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos se aplicó bajo facultades de la Ley de Seguridad Nacional, con base en una solicitud del gobierno de Estados Unidos hecha horas antes y no fue una extradición, además de que se tenía información de que estos perfiles podían ser liberados por autoridades judiciales, informó el gabinete de Seguridad federal.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), indicó que los 29 capos de la droga fueron trasladados porque Estados Unidos hizo una “solicitud concreta” con nombres y apellidos, que recibieron ayer mismo, y tras una decisión colegiada del gabinete de Seguridad se decidió enviarlos porque "representan una amenaza para nuestro país".

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Seguridad, precisó que este traslado no representa problemas jurídicos para el gobierno de México, pues aunque algunos capos tuvieran suspensiones en curso, estas no afectan a este procedimiento.

No había más que una razón por la que nosotros cumplimos con la convención de Palermo, hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos al gobierno mexicano... se cumplió con la ley”, afirmó el fiscal Gertz Manero.

Criticó el actuar de los jueces, ya que había varios que iban a liberar a varios detenidos, además de que varios ya habían tardado más de 11 años en sus juicios y con procedimientos para dilatar años sus extradiciones.

11 años, ocho años que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes", indicó.

El fiscal federal aclaró que no están de acuerdo con la pena de muerte, respecto a su posible aplicación para seis de los capos trasladados, y recordó que las penas las imponen los jueces y no los fiscales del Departamento de Justicia. 

Y precisó que conforme a los tratados entre México y EU, no se puede aplicar esta pena ya que no existe ene las leyes mexicanas,  y eso debe respetarse, por lo que pidió no se especule al respecto.

Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio, nuestra garantía es la ley", precisó Gertz Manero.

En cuanto a si con estos traslados se detendrían los aranceles que Donald Trump amenazó con aplicar, el titular de la FGR evitó especuló pero argumentó que no hay manera de justificar la sanción hacia el gobierno mexicano cuando su conducta ha sido ejemplar.

En tanto el secretario de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch, enfatizó que la decisión de hacer cumplir la solicitud del gobierno de Estados Unidos fue de todo el gabinete de Seguridad y no participó en ella la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este es un acto de justicia y un acto de autoridad. Los más beneficiados somos los mexicanos", afirmó García Harfuch.

Precisó que fue “una decisión colegiada del gabinete de Seguridad, que se tomó en ese momento, y no tiene nada que ver la presidenta de la República; el gabinete lo coordina, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, Marina y Fiscalía General de la República y ahí se toma la decisión".

Agregó que "el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.

Ocho aviones desde AIFA para traslados; 3,500 elementos apoyaron operativo

El titular de la SSPC explicó que los 29 trasladados se encontraban recluidos en nueve centros penitenciarios federales y dos centros penitenciarios locales y son requeridos por EU por investigaciones “por delitos como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros".

“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, señaló.

En las acciones del traslado, dijo, participaron 8 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina además de tres mil 512 elementos, 342 vehículos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal".

Añadió que los ocho aviones partieron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía en el Estado de México y llevaron a 7 a Washington, 2 a White Plains, Nueva York; 2 a Chicago, Illinois; 3 a Houston, Texas; 4 a McKinney, Texas; 2 a Nueva York; 6 a Phoenix y 3 a San Antonio, Texas.