A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México publicó el tercer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en el que se engloban los avances de las investigaciones en el último año, obstáculos enfrentado y se destaca que “la búsqueda continúa”.

La desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando acudieron a la terminal de Iguala para tomar autobuses y trasladarse a la Ciudad de México para participar en las protestas conmemorativas del 2 de octubre, pero fueron atacados por integrantes de una célula delictiva.

En el informe publicado por la Secretaría de Gobernación (Segob)se establecen cinco ejes de trabajo en los que se resalta la búsqueda en campo en 858 puntos durante el actual sexenio; el impacto que tuvo la liberación de 65 personas presuntamente vinculadas; la detención de 151 personas y el análisis de 132 perfiles genéticos en el último año, que no coinciden con los de los normalistas.

Obstáculos en la investigación

El documento señala que un elemento crucial que ha afectado el curso de la investigación fue la sentencia 203/2017, que permitió la liberación de 65 personas implicadas en la desaparición de los estudiantes.

Esta sentencia por parte de un juez federal de Tamaulipas, anuló declaraciones clave al considerarlas obtenidas bajo tortura, aunque solo una fracción de los acusados fueron confirmados como víctimas de este delito.

Y desestimó pruebas fundamentales, priorizando la presunta tortura sobre el derecho a la justicia de los normalistas desaparecidos y sus familias.

Al ser inatacable, la sentencia dejó en libertad a los acusados sin posibilidad de revertir el proceso, obstaculizando la búsqueda de verdad y justicia en uno de los crímenes más graves de la historia reciente de México.

Búsqueda y análisis de restos

En lo que va de 2024, señala el documento, se han llevado a cabo búsquedas en 294 sitios, cifra que triplica la de 2023, cuando se registraron 86 intervenciones, y con los que suman 858 puntos trabajados durante el actual sexenio, en nueve municipios de Guerrero como Iguala, Cocula y Huitzuco.

Con esto la Fiscalía General de la República (FGR) ha examinado mil 500 perfiles genéticos, de los que se seleccionaron 132 para confrontarlos con los de los estudiantes desaparecidos, sin embargo, no se encontraron coincidencias.

También se realizaron análisis a restos humanos almacenados en 33 cajas y 5 bolsas, pero debido al avanzado deterioro de gran parte del material, solo se pudieron obtener 129 muestras genéticas, pero los resultados tampoco arrojaron coincidencias con los estudiantes.

En un sitio específico se encontraron 10 restos que generaron perfiles genéticos masculinos y femeninos, todos con resultado negativo para los normalistas.

Detenciones

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) tiene 135 expedientes en trámite, con un total de 151 personas procesadas; de ellas, 120 están en prisión preventiva y 31 bajo otras medidas cautelares, además de que aún se tienen 60 órdenes de aprehensión pendientes y 3 procesos de extradición en curso.

Entre los detenidos se encuentran 39 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, 88 policías, 16 militares, entre otros servidores públicos de distintos niveles de gobierno, incluidos servidores públicos del estado de Guerrero y de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula.

El informe también destaca señala avances en los procesos de extradición de Tomás “N”, Abraham “N” y Ulises “N”, exfuncionarios vinculados al caso, para los cuales se ha solicitado cooperación internacional a Israel y Estados Unidos.

Hasta localizarlos

En este tercer informe, a unos días de que concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se destaca que se intensificó el diálogo con personas que pudieran tener información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos, lo cual permitió la ubicación de nuevos sitios de búsqueda sobre los que se trabaja actualmente.

Y señala que se establecieron mecanismos para promover la colaboración voluntaria de personas que pudieran tener información, como la Ley de Amnistía.

El documento cierra con el compromiso de que el objetivo no deja de ser la localización de los normalistas y la sanción a los responsables, por lo que no se descartará ninguna línea de investigación, ni revisión de indicios.