Una red de corrupción que permitió otorgar créditos fraudulentos y vender la misma propiedad miles de veces ha operado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que es el Estado de México, es a nivel nacional, la entidad con más casos de corrupción con 493 inmuebles que se han vendido más de 4 mil 130 veces, en la que están implicados tres notarios estatales, reveló su director general, Octavio Romero Oropeza.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que Romero Oropeza asistió para detallar que la reforma a la Ley del Infonavit busca combatir estos actos de corrupción, además de homologar el esquema tripartita de gobierno de ese órgano con el IMSS en beneficio de sus derechohabientes.

Precisó que en la trama irregular que operó entre 2016 y 2018 participaron trabajadores del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores y que en total se otorgaron unos 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas en Estado de México, Jalisco y Baja California.

En el Estado de México se detectó la participación de tres notarios y seis trabajadores del Infonavit en la venta múltiple de 496 casas y situaciones similares se detectaron en los otros estados con montos defraudados por más de 200 millones de pesos.

“En el Estado de México, hay dos notarios que en esta red resultan relevantes, porque este notario, el notario uno 240 casas las vendió casi 1600 veces… el notario dos, también del Estado de México, 158 casas, 937 veces, y así sucesivamente”, detalló Romero Oropeza.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la actual estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) audite y fiscalice los fondos de los trabajadores, e incluso reveló que el exdirector tuvo que ampararse para evitar que el organismo fuera transparente por nao tener voz en el Consejo, por lo que destacó la reforma será para reordenar, transparentar, controlar y auditar a la institución.

La reforma busca homologar el modelo de gobernanza del Infonavit con el del IMSS, reduciendo la asamblea a 30 integrantes tripartitos, así como integrar al director general como miembro del consejo de administración, eliminar las direcciones sectoriales empresarial y de trabajadores y permitir la fiscalización de los recursos del fondo por la ASF.

El objetivo, dijo Sheinbaum, es garantizar que los ahorros de los trabajadores se manejen de manera responsable y que la asignación de viviendas y créditos sea transparente y eficiente.

Sobre los proyectos fantasma realizados entre 2016 y 2018, se involucró al menos 22 empresas constructoras que recibieron recursos sin cumplir con la entrega de viviendas. Una de ellas acumuló un adeudo de 575 millones de pesos, duplicado al incluir intereses.

Para realizar estas redes de corrupción se realizaron demandas judiciales irregulares que despojaron a miles de derechohabientes de sus viviendas entre 2013 y 2015. Cuatro despachos en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios del estado de Nayarit realizaron juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes para recuperar sus viviendas.

En un caso, detalló, un trabajador con domicilio en Chiapas fue notificado de un juicio en Nayarit, dejándolo en estado de indefensión.

Otro de los casos destacados de irregularidades involucró a la empresa White & Case, relacionada con un contrato de 100 millones de pesos para diseñar una plataforma digital. En lugar de penalizar su incumplimiento, se le autorizó un pago de indemnización por 5 mil millones de pesos, detalló Romero Oropeza desde Palacio Nacional.

El gobierno federal se comprometió a presentar denuncias penales contra los responsables de los actos de corrupción. Romero Oropeza señaló que estas prácticas afectaron gravemente los ahorros de los trabajadores y los recursos del fondo.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que el objetivo principal de la reforma es proteger los derechos de los trabajadores al acceso a una vivienda digna, asegurando que sus ahorros estén bien resguardados.

“Más allá de responsabilidades individuales, lo importante es reformar la estructura para que estos actos no se repitan y los trabajadores tengan plena confianza en sus ahorros”, precisó la mandataria.

Las modificaciones propuestas han generado críticas de sectores empresariales que se oponen a la creación de una empresa estatal para la construcción de viviendas, pero la presidenta explicó que la reforma no busca eliminar la participación de la iniciativa privada, sino asegurar que los recursos se destinen adecuadamente.

El director del Infonavit detalló que contar con una empresa constructora reduce tiempos y costos de la producción de vivienda, dará prioridad a la mano de obra local en los estados y priorizará que las viviendas estén ubicadas en centros de desarrollo urbano.

Destacó que esta empresa es indispensable debido a que en los últimos diez años se ha reducido la construcción de vivienda de interés social con un valor promedio de 550 mil pesos y ha llevado a que los trabajadores estén incapacitados para disponer de sus créditos o viviendas debido a irregularidades en los proyectos financiados por el Infonavit.