La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) anunció la nueva integración de la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de supervisar y evaluar el comportamiento de los policías que integran la institución, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y asegurar la transparencia en el actuar de sus elementos.

De acuerdo con el titular de la SSEM, Cristóbal Castañeda Camarillo, esta comisión tiene la función de llevar a cabo procedimientos disciplinarios que podrán culminar en la suspensión temporal, remoción, o baja definitiva de aquellos policías involucrados en conductas contrarias a la ley o en violaciones a los principios institucionales.

Explicó que la comisión puede aplicar suspensiones preventivas en aquellos casos en que los elementos policiales se encuentren bajo investigación, medida que busca proteger el interés público y el orden social. Durante este periodo, los elementos suspendidos no recibirán salario ni prestaciones.

El proceso disciplinario se activará cuando un elemento incumpla con la Ley de Seguridad del Estado de México o las disposiciones internas de la institución y la Unidad de Asuntos Internos se encargará de integrar el expediente del caso, el cual será evaluado por la Comisión de Honor y Justicia, que analizará las pruebas y emitirá una resolución.

Al frente de la Comisión de Honor y Justicia se designó a Carlos Alberto Hernández Leyva, quien asumirá la presidencia en su calidad de Subsecretario de Policía Estatal; Mario Alberto Rangel Mejía, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ocupará la secretaría de este organismo.

Entre los integrantes que fungirán como representantes del órgano colegiado se encuentran Víctor Antonio Cisneros Díaz, Director General de Información, Hugo de la Cuadra Mendoza, Director General de Prevención y Reinserción Social, y Eduardo Pico Gallegos, Director General de Seguridad Pública y Tránsito.

El secretario estatal de seguridad Castañeda Camarillo instó a los miembros de la comisión a operar bajo principios de honestidad, profesionalismo, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, además de apegarse a la legalidad y lealtad institucional.