El Segundo Tribunal Colegiado ordenó al Congreso Local eliminar al aborto como delito del Código Penal de Nayarit, tras el amparo 1447/2023 presentado por las asociaciones civiles Gire, Redefine Nayarit y Aquelarre Púrpura.

“Celebramos la decisión del Tribunal Colegiado y exigimos que se garantice el aborto como un servicio de salud esencial al que las mujeres, hombres trans y personas no binaries gestantes pueden recurrir”, indicó GIRE.

La instancia determinó que criminalizar el aborto consentido o autoprocurado constituye un acto de violencia y discriminación en razón de género, ya que reduce a las mujeres y personas gestantes a un objeto cuyo único fin es la procreación.

“La penalización absoluta del aborto autoprocurado vulnera el derecho a la salud, ya que impide el acceso a servicios sanitarios de calidad”, indicó la resolución.

A través de esta resolución se informó que es inconstitucional imponer una sanción adicional al personal de salud que realiza los procedimientos consentidos, pues genera un efecto discriminatorio en su contra y limita el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), otra inconstitucionalidad contempla la porción normativa “a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”, ya que constituye un obstáculo para el acceso efectivo y sin dilaciones a la interrupción del embarazo por motivos de salud.

La determinación de los magistrados José Daniel Nogueira Ruiz y José Manuel Quintero Montes, concede el amparo para que el Congreso local derogue los artículos declarados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia (entre el 18 de agosto y 30 de diciembre).

En México, son 14 los estados en donde el aborto está despenalizado, entre ellos: Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa y Jalisco.

En el caso de Nayarit, aún hace falta que el Congreso acate el mandato del Tribunal Colegiado.