Seis mujeres privadas de su libertad en el penal de Santiaguito, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, recibieron el beneficio de “libertad anticipada” para que retomen sus vidas y proyectos junto a sus familias.

En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica del Estado de México, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), se obtuvieron las preliberaciones y el acceso a beneficios legales como el pago de multas y reparación del daño para cada una de ellas.

Tras pagar la mitad de su sentencia, Jazmín es una de estas seis mexiquenses que tendrá una segunda oportunidad, quien reconoció que su última noche en el penal no durmió.

Se siente extraño pero la felicidad volver a ver a mis hijos, a mi familia. Regresan las esperanzas, regresa a la vida a uno porque eso es volver la vida porque la verdad la vida se detiene en la prisión”, refirió al dejar el penal también conocido como “Almoloyita”.

Con las visitas a penales de la entidad que realiza la SeMujeres, destacó la secretaria Mónica Chávez Durán, las personas privadas de su libertad se enteran de las alternativas para acceder a un beneficio preliberacional, lo que ocurrió en el caso de Itzel, otra beneficiada, quien le comentó a su padre y éste se acercó a la dependencia que le brindó acompañamiento en todo este proceso.

Se empieza la gestión, la Defensoría Pública tiene un fondo de reparación del daño, ellos pueden hacer el pago de la reparación del daño si fuese el caso y la Secretaría de las Mujeres tiene presupuesto para el pago de las multas y una vez que se dan estos dos pagos, se hacen las gestiones para su preliberación”, precisó Chávez Durán.

Y agregó que al cumplir la filosofía “El Poder de Servir” que impulsa la administración de Delfina Gómez, se respalda a las mujeres hasta lograr su reinserción social plena.

Alberto Cervantes Juárez, director general del IDP, destacó que el fondo es para apoyar a personas privadas de la libertad sin recursos para reparar el daño, de hasta 300 mil pesos, y para quienes no tienen apoyo familiar.

Esto constituye, precisó Cervantes, “una segunda oportunidad… acercar la justicia a aquellos que, como grupo vulnerable, entre ellos indígenas, mujeres y todos aquellos establecidos como grupo vulnerables puedan acceder a la justicia”.

La secretaria Mónica Chávez añadió que es “una indicación de la gobernadora” acompañar a las mujeres y a la población más vulnerable.

El caso de las mujeres privadas de la libertad son mujeres vulnerables por la condición en las que se encuentran, tienen una situación de pobreza no tienen para pagar la reparación del daño y la multa y la mayoría de ellas se encuentran en situación de abandono”, concluyó al celebrar estas seis liberaciones.