El gobierno mexicano compareció ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para exponer los argumentos en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas por sus prácticas comerciales negligentes.

Luego de la audiencia, el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, indicó que el ponerle fin al tráfico ilegal de armas se trata de un tema fundamental para México y los Estados Unidos y que no tiene que ver con la segunda enmienda para adquirir y poseer armas de fuego. 

“Lo que nos preocupa y ocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión sí es ilegal”, señaló el litigante. 

Los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que representaron al gobierno mexicano en la demanda argumentaron ante los jueces supremos que las empresas no gozan de inmunidad por la violencia que generan las armas de fuego en el país, eso basado en lo resuelto por una Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en 2024. 

Además, los abogados señalaron que las acciones y omisiones de empresas permiten que las armas de fuego sean traficadas a nuestro país y causen violencia y sufrimiento en manos del crimen organizado, por lo que no gozan de inmunidad ante la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.

Este litigio estratégico inició en 2021, cuando el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió demandar a ocho empresas que fabrican armas y son de origen estadounidense, debido a la violencia que hay en México causada por grupos criminales. 

El objetivo de esta demanda es prevenir la violencia armada y frenar el flujo ilegal de estos productos que tanto daño causan en nuestra población.

Este litigio estratégico ha recibido apoyo de varios sectores de la población de ambos países. 

Tanto legisladores, como autoridades estadounidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles presentaron a la Suprema Corte de Estados Unidos nueve Amicus Curiae o “amigo de la corte” que respaldan la postura de México.