El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que se hizo un llamado a los 125 presidentes municipales de la entidad para garantizar que los responsables de la seguridad pública en sus demarcaciones tengan un historial limpio y no mantengan vínculos con la delincuencia organizada.

Durante las tomas de protesta de Azucena Cisneros Coss como presidenta municipal de Ecatepec y Pedro David Rodríguez Villegas en Atizapán de Zaragoza, el funcionario señaló que este requisito que busca fortalecer las estrategias para preservar la seguridad en el territorio mexiquense.

Subrayó que para tal objetivo se establecerá una estrecha coordinación entre los gobiernos locales y el estatal para garantizar la tranquilidad de la población.

“Hemos hecho un llamado a los 125 presidentes municipales para que cuiden a quien van a poner al frente de los órganos de seguridad, que cuiden que tengan historial limpio, que no estén vinculados a grupos de la delincuencia”.

Duarte Olivares señaló que para la gobernadora dea entidad, Delfina Gómez Álvarez, es fundamental que desde los ayuntamientos se fortalezca la seguridad y por lo tanto los filtros para designar a los responsables en la materia, por lo que reiteró el compromiso de acompañar a las y los nuevos alcaldes en esta labor.

“La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien fue presidenta municipal, sabe lo importante que es el primer contacto de gobierno, lo tiene muy claro. Por eso considera fundamental el trabajo unido, coordinado, en un solo equipo, porque en el Estado de México somos un solo equipo de la Cuarta Transformación”,

El señalamiento ocurre en el marco del operativo "Enjambre", que ha resultado en la detención de 24 servidores públicos municipales por su presunta relación con organizaciones criminales.

Entre los detenidos se encuentran ocho directores de seguridad pública, cuatro mandos, diez elementos de corporaciones municipales de seguridad, además de una alcaldesa y un presidente honorario del DIF, implicados en delitos como homicidio, secuestro exprés y extorsión.

Este operativo, implementado desde abril tras el hallazgo de restos humanos en Nicolás Romero, ha puesto en evidencia la presunta participación de policías municipales en actividades delictivas.