Con el fin de unificar los criterios en justicia medioambiental, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) emitió un protocolo especializado como guía práctica para los operadores jurídicos.

El Protocolo de Actuación en Materia de Justicia Ambiental, de acuerdo con la institución, es un documento que marcará un antes y un después en la manera en que el sistema judicial y la sociedad mexiquense se relacionan con el entorno, pues unificará la aplicación de ordenamientos en Derecho Ambiental.

“El protocolo ofrece un marco integral para abordar y enfrentar los problemas ambientales ocasionados por la intervención humana, desde la contaminación del aire, agua y suelo, hasta la pérdida de biodiversidad”, dijo el Poder Judicial mexiquense.

A través de este documento, se busca prevenir el deterioro ambiental, restaurar los ecosistemas dañados y garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano.

Al mismo tiempo, se plantea hacer frente a la impunidad de delitos y promover un desarrollo sostenible que equilibre las necesidades de la sociedad con la conservación de la naturaleza.

Este documento fue emitido por el Poder Judicial mexiquense en coordinación y alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, a través del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente, liderado por Marco Antonio del Toral.

Para su construcción se realizaron nueve mesas técnicas de trabajo con autoridades federales y estatales, seguridad y gobierno, especialistas y consultores, defensores del medio ambiente y sociedad civil del estado de México, Michoacán, Baja California Norte y Ciudad de México. Durante las sesiones, se dialogó con comunidades ejidales y pueblos indígenas, a fin de conocer las problemáticas y amenazas que enfrentan.

Las juezas, jueces y operadores del sistema judicial, son sus principales destinatarios, ya que aplicarán estas directrices en casos relacionados con el medio ambiente, sin embargo, también está diseñado para ser utilizado por autoridades gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas para crear un esfuerzo colectivo y garantizar el bienestar del entorno natural de la entidad.

Se contempla las normatividades ambientales con sanciones que van desde medidas compensatorias, como la reforestación, hasta indemnizaciones y restauraciones completas de los ecosistemas afectados; sin embargo, no solo se establecen castigos, también se promueve la reparación y regeneración del entorno, para que el daño ocasionado no quede impune y las futuras generaciones disfruten de un entorno saludable.