El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad de votos la iniciativa enviada por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, para reformar el Código Penal estatal y endurecer las penas por el delito de tala ilegal.

Actualmente el Código Penal establece de dos a seis años de prisión por el delito de tala ilegal, pero con la modificación, quienes incurran en esta práctica dentro del territorio mexiquense, enfrentarán condenas de 10 a 20 años de prisión y multas de mil a mil 500 días, pero en casos agravados las sanciones podrían llegar hasta 110 años.

Agravantes

En la propuesta se contemplan cuatro agravantes con las que las sanciones aumentarían hasta los 110 años.

Se indica que cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles, sin autorización, se impondrá una sanción adicional de quince a veinticinco años de prisión y de dos mil a tres mil quinientos días multa.

A quienes obliguen o inciten a personas menores de edad o adultas mayores para cometer este delito, se les impondrá una pena adicional de quince a veinticinco años de prisión y de dos mil a tres mil quinientos días multa.

Además, cuando estos delitos ambientales sean cometidos en áreas naturales protegidas, con violencia o mediante el uso de armas prohibidas, se impondrán de quince a veinticinco años de prisión y de dos mil a tres mil quinientos días multa.

Finalmente, a quien dolosamente deteriore, por el uso, la ocupación o el aprovechamiento, un inmueble que por decreto del ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida,  ya sea reservas estatales, parques estatales, parques municipales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos, zonas de preservación ecológica de los centros de población y las demás que determinen las leyes y reglamentos de la materia, se añadirán de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Con esta reforma en la que también aportó la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se busca reforzar la protección de los recursos forestales y castigar con mayor severidad las afectaciones al medio ambiente en el Estado de México.