Con 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que otorga nuevas facultades a la Guardia Nacional y su adscripción al Ejército, una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica las tareas en tiempos de paz de los militares.

Este dictamen será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara baja y que pasará luego al Senado de la República para su discusión y aprobación.

¿En qué consiste la reforma?

Con esta reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se da atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial.

El dictamen faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Menciona que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia Nacional; la nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. Deben respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.

Detalla que la finalidad de la Guardia Nacional son la coordinación y colaboración con los estados y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.

La oposición criticó el dictamen

Los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que con esta reforma se llevará a cabo una militarización de todos los ámbitos del país, pese a que López Obrador creó a la Guardia Nacional en 2019 bajo la premisa de mantenerla civil.

Argumentaron que modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857 y cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.

Indicaron que se viola el procedimiento legislativo sobre la convencionalidad, se podrían incumplir diversos tratados internacionales sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y pidieron que el dictamen regrese a comisiones dado que la LXVI Legislatura no participó en su elaboración.