Los ministros de la Corte rechazaron el impedimento para que la ministra presidenta Norma Piña y otros tres ministros queden excluirlos en la discusión del proyecto del ministro Alfredo Ortiz Mena por estar en contra de la reforma electoral.

Por mayoría de seis votos, los ministros resolvieron que era improcedente la solicitud hecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la ministra presidenta y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo no votarán, ya que el Tribunal Electoral carece de facultades al no ser un órgano demandado.

En la discusión de este asunto, la ministra presidenta señaló que no se revisa la reforma al Poder Judicial y solo se resuelve un conflicto entre competencias por parte de los juzgados de distrito y el TEPJF.

Por lo tanto, aquí no se está discutiendo la validez de la reforma, sino un problema jurídico distinto y autónomo, totalmente abstracto”, indicó la ministra presidenta.

Por su parte, el ministro Pardo Rebolledo y el ministro Laynez Potisek concordaron que si son impedidos los cuatro ministros, la Corte se desintegraría y no se pudiera resolver el asunto.

Me parece también que los impedimentos no son procedentes en esta instancia, pero suponiendo que fueran,  lo que generarían en caso de que se declararan legales estos impedimentos,  es la desintegración de este Tribunal Pleno, porque somos cuatro contra los que se han planteado.  Y estamos integrados por 10, el quórum mínimo es siete, así es que no habría manera de que funcionara este tribunal pleno”, indicó el ministro Jorge Pardo Rebolledo.
 

Mientras que Laynez agregó que “lo digo con mucha respeto para quien solicita esta recusación, que lo que se busca es el bloqueo del tribunal constitucional para resolverlo porque del impedimento de cuatro de nosotros implica que no habría quórum para resolver este asunto”.

Al resolver este asunto, el pleno de la Corte continúa con la discusión del proyecto del ministro Ortiz Mena, la cual plantea que las suspensiones dictadas por los jueces de amparo se acaten pero que estos revisen sus resolutivos con un máximo de 24 horas para resolver si son procedentes o no.