La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la petición del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal para que decida si reanuda o no labores para elegir candidatos para la elección e jueces magistrados y ministros, ante las contradicciones entre el ordenamiento del Tribunal Electoral y lo resuelto por un juez de distrito.

Y con ello se frena cualquier acción legal que pudiera interponer el Tribunal en contra integrantes del comité por desacato, al tiempo que ordena como medida cautelar que el proceso se mantenga suspendido.

De acuerdo con información de los estrados de la Suprema Corte, el asunto fue turnado a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para su análisis y presentar el proyecto ante el pleno del máximo tribunal del país.

Además, se solicitó documentos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán sobre el amparo y dar vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que rinda un informe y de constancia de lo resuelto esta semana.

Será hasta la sesión del próximo lunes o durante la siguiente semana que pudiera resolverse el asunto, mientras que se cumplen los plazos de los comités para la siguiente fase de la elección judicial.

El propio Comité de Evaluación del PJ emitió un comunicado en que anunció que presentaría el asunto ante la Corte debido a las penas que dictó el juez en caso de violar la suspensión.

Mientras que, en una tarjeta informativa, el Tribunal Electoral dijo que esperaría a que el comité emitiera un comunicado oficial al respecto.

Cabe recordar que el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso establecía un plazo de 24 horas, cumplidas hoy, para que se reanudaran las actividades del procesos de elección de candidato a jueces, magistrados y ministros.

De no ocurrir, señaló, el Comité de Evaluación del Poder Judicial podría enfrentar una multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una amonestación o incluso el arresto de hasta 36 horas, de acuerdo con lo que establece el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.