La Consejería Jurídica de Presidencia de la República acusó a los magistrados de la Sala Especializada de atentar contra el sistema democrático al resolver 19 quejas sobre 36 conferencias matutinas de 2023. 

En un comunicado, la Consejería señaló que los magistrados usan su cargo para restringir al pueblo de su derecho a la información y a la libertad de prensa, además de que acusan que se trató de un procedimiento caduco. 

A pesar de tratarse de un procedimiento caducado, los magistrados electorales Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones, Mónica Lozano Ayala, resuelven infraccionar al titular del Ejecutivo federal por expresar sus ideas, informar a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias de prensa de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, lo cual resulta absolutamente arbitrario y violatorio de los derechos reconocidos, no sólo constitucionalmente, sino en los tratados internacionales.”, señala el escrito. 

Al respecto, la Consejería Jurídica presentó una queja en contra de esas resoluciones a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para que se ratifiquen las resoluciones de la Sala Regional Especializada. 

Además, acusaron de que con argumentos “baladíes, los magistrados electorales adjudican a las palabras del presidente una intencionalidad distinta de lo manifestado”.

Se convierten en adivinos de la voluntad del presidente; argumentan que, si mencionó alguna palabra, en realidad ésta se refería a Morena, y que, por tanto, hacía propaganda a favor de ese partido”.

La Consejería reiteró que en las elecciones del 2012, el Tribunal Electoral no culpó al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa de haber señalado que la candidata panista Josefina Vázquez Mora era la mejor opción y que ese cambio de criterio se debe a que son contrarios a las “políticas humanistas” y planteó si es por sus propios intereses.