Al presentar los objetivos que cumplirá la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en sustitución de la Función Pública, su titular Raquel Buenrostro destacó que se prevé implementar un nuevo modelo de prevención para reducir la corrupción y que sea más costoso incurrir en ella.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional detalló que la misión central de la nueva dependencia será prevenir la corrupción desde sus primeras fases, evitar el mal uso de los recursos públicos, y fortalecer la transparencia en el gobierno.

Buenrostro precisó que la prevención será clave para asegurar un gobierno eficiente y libre de corrupción.

"Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley, que no haya ningún incentivo para violar la ley", destacó la secretaria.

Señaló que se centrarán en garantizar que el poder político no se subordine al poder económico y en promover una gestión pública eficiente y transparente, por lo que uno de los cambios fundamentales será pasar de un enfoque sancionador a uno preventivo.

"Queremos, desde antes, evitar que se comentan los actos de corrupción, porque esto nos va a liberar también muchos más recursos, no solo sancionar, sino evitar que se realicen”, afirmó.

Los 10 pilares anticorrupción

La secretaria Buenrostro destacó que el trabajo de la nueva Secretaría Anticorrupción estará sostenido sobre 10 pilares que van de la profesionalización del servicio público hasta la participación ciudadana:

1. Dignificar la carrera del servidor público: Impulsar una vocación ética y de integridad, acompañada de formación continua para los servidores públicos.

2. Acompañamiento preventivo: Supervisar y asesorar proyectos estratégicos del gobierno para garantizar que se ejecuten con transparencia y sin actos de corrupción.

3. Modernizar la administración pública: Implementar procesos de digitalización que reduzcan el contacto humano y, con ello, las oportunidades de soborno.

4. Consolidar compras públicas: Fortalecer la transparencia y la eficiencia en las adquisiciones gubernamentales mediante mecanismos competitivos como subastas.

5. Transparencia proactiva: Promover una cultura de transparencia desde el inicio de los proyectos gubernamentales.

6. Fortalecer la cultura de la denuncia: Incentivar que tanto ciudadanos como servidores públicos denuncien actos de corrupción, garantizando la confidencialidad.

7. Investigaciones preventivas: No esperar a que ocurran actos de corrupción para investigar, sino actuar de manera proactiva para identificar posibles irregularidades en la ejecución de proyectos y el uso de recursos.

8. Combatir la impunidad: Hacer que las penalizaciones por violar la ley sean más costosas que cumplirla, eliminando los incentivos para quebrantar la norma.

9. Participación de la sociedad: Involucrar a la ciudadanía y al sector privado en la lucha contra la corrupción.

10. Colaboración con otras entidades: Trabajar de la mano con los tribunales administrativos y otros organismos para garantizar que las sanciones por corrupción sean efectivas.

Derecho a la información no se afecta si desaparece de INAI

Ante la propuesta de reforma que plantea desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Raquel Buenrostro aseguró que en caso de ser aprobada el derecho a la información y la protección de datos no se verá afectado.

La secretaria precisó que el gobierno ya trabaja en una nueva Ley General de Transparencia, que buscará garantizar que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno cumpla las funciones de forma adecuada y evite conflictos de interés.

Esta norma incluirá la colaboración de tribunales administrativos para impulsar una era de transparencia proactiva y aseguró que la digitalización de los procesos públicos permitirá que la información sea más accesible y clara para la sociedad.

En este contexto, agregó, la dependencia que dirige trabajará con la Agencia de Transformación Digital para abrir más datos públicos, lo que permitirá a la ciudadanía seguir de cerca la actuación del gobierno y contribuir a la vigilancia de los recursos públicos.