El Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos la reforma al Artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa federal, que incluye nuevos delitos como la extorsión, con el fin de fortalecer la seguridad y economía del país. 

La iniciativa otorga facultades a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público para solicitar la detención de toda persona sospechosa de delitos como contrabando y defraudación fiscal.

La reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como es el caso de:

• Abuso o violencia sexual contra menores 
• Delincuencia organizada 
• Extorsión Tráfico de drogas sintéticas 
• Corrupción por comprobantes falsos 
• Entre otros

 A favor de esta reforma habló el diputado Samuel Hernández Cruz, del grupo parlamentario de Morena, quien aseguró que esta reforma es parte de las estrategias para desarticular las redes delincuenciales.

“Hoy esta reforma que estamos presentando tiene como propósito ampliar el catálogo de delitos graves para que los presuntos culpables sean sujetos a la prisión preventiva oficiosa y no a la prisión preventiva justificada, es decir, es decir, que la consecución de juicio no se someta al análisis y la ponderación de un juez que pueda corromperse o ser amenazado”, refirió.. 

Por su parte, las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD, se declararon en contra de la iniciativa, argumentando que pone en riesgo los derechos de la ciudadanía en situación de pobreza.  

El diputado Juan Zepeda Hernández, de la bancada naranja, señaló que es una iniciativa sin razón de ser y que no es el camino para procurar justicia, pues de acuerdo con datos del INEGI, el 44% de personas persas no tienen sentencia y 32% están bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa, de las cuales la mayoría son mujeres o personas con bajos recursos económicos.

“Esta es una violación absoluta de los derechos humanos del ciudadano, porque no hay un debido proceso, porque se encarcela pasando por encima de la presunción de inocencia”, refirió Zepeda.

Omar Ortega Álvarez, representante del PRD, dijo que la reforma amenaza la libertad y justicia pues se ha demostrado que la media no disminuye la inseguridad, sino que acrecienta   la impunidad y corrupción. 

En el mismo sentido, el diputado del PRI, Mariano Camacho San Martin, afirmó que esta reforma representa un retroceso en el sistema penal acusatorio y dijo que la tasa de ocupación de los penales en territorio estatal está al 236% de su capacidad producto de este tipo de medidas. 

Finalmente, el diputado del PAN, Román Cortés Lugo, indicó que la reforma falta al seguimiento del protocolo de justicia y de la carpeta de encarcelación y es una herramienta de control político y social. 

Con información de Paulina Lemus