La vida de Ángela cambió en marzo de 2022, cuando su expareja trató de matarla tras una discusión en su domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Es una sobreviviente de feminicidio, para quien casi tres años después, la justicia no llega.

Este caso podría quedar impune, denuncia la víctima, buscan cambiar el delito de tentativa de feminicidio a violencia intrafamiliar; por opacidad de la jueza; los tiempos de la apelación y cambios en el Poder Judicial estatal por la elección de junio, que advierten una tormenta perfecta.

Culpo a la juez de esta situación, de esta determinación que dio… Yo solicito al Poder Judicial en este caso que efectivamente se clarifique, sea honesto… va a ser ya un año de esto en el cual yo no quisiera ocupar el año, sino yo lo que digo es que efectivamente esto se lleve lo más pronto posible… que yo llegue con la juez a la última etapa, se podría decir, con estas pruebas” acusa y exige la víctima.

Un mes atrás, la jueza de control de distrito en Nezahualcóyotl, Maricruz Yazmín Hernández López, rechazó a su defensa tres pruebas periciales en criminalística, mecánica de hechos y psicológica, en audiencia oral en juzgados del penal Neza-Bordo.

Bajo el argumento de que estaban fuera del tiempo legal para la investigación, mientras que a la defensa de Eduardo “N”, su agresor, le aceptó testimonios a destiempo.

En entrevista con Mexiquense Digital, la sobreviviente de feminicidio afirma que teme por su vida con esta nueva situación, que abre la puerta a que su agresor sea liberado y refiere que incluso la propia juzgadora, quien debe brindarle justicia, le ha insistido en que llegue a un acuerdo económico con el acusado.

No se está volteando a ver la integridad… exijo que se voltee a ver el caso, que se visualice y que se revise sobre todo.

El dinero a mí no me va a regresar mi estabilidad emocional, no me va a regresar mi seguridad, no me va a regresar todo lo que me ha quitado… no ha sido fácil y con esto, o sea, pone más traba y no se vale”, condenó.

La agresión de Eduardo “N” le dañó un ojo, causó esguince cervical y desvío de tabique, que persiste, pero Angela además sobrevivió a dos intentos de estrangulamiento, el primero en el departamento del que escapó tras defenderse y el segundo, en la puerta del edificio, donde la alcanzó pero gracias a que un vecino intervino, salvó su vida. Fue llevada a un hospital, donde interpuso su denuncia.

Pero el caso se estancó porque la carpeta se turnó a un juzgado en Chimalhuacán, sin seguimiento por un año, hasta que con asistencia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia llevaron el caso a Neza, que ahora se estanca otra vez.

Peritajes cumplen en fase intermedia; empujan reclasificar feminicidio

La abogada Ximena Duarte explica que la audiencia del 29 de enero fue de la etapa intermedia y que la determinación de la jueza Hernández de rechazar los peritajes de Angela porque “tenían una fecha posterior al cierre de investigación” no aplica porque durante el proceso se convierten en parte, por derecho propio.

“No solamente consideramos que la jueza hizo una mala determinación, sino que es una determinación ilegal, incluso inconstitucional… Por derecho propio nos convertimos en parte procesal y la Ley General de Víctimas como la Constitución señalan que nosotras podemos o tenemos derecho a hacer pruebas durante toda la etapa del proceso”, afirmó la defensora.

Además, explica Ugarte, la defensa del acusado “empuja” que nunca hubo tentativa de feminicidio sino que es un caso de violencia familiar con lesiones agravadas y buscan que la jueza lo cambie argumentando una “relación tóxica”.

En el Estado de México y todo el país, la pena por tentativa de feminicidio va de 26 a 40 años de cárcel y obliga a reparar los daños, pero si se reconsidera el delito, para Eduardo “N” la sanción sería de dos a 5 años.

El tiempo, un verdugo

Solo queda apelar por el rechazo de las pruebas, pero el tiempo de resolución es de seis a siete meses y con el cambio en el Poder Judicial, el juicio se alargaría otro año y medio, dice la abogada en entrevista. Si la apelación es favorable “todos felices”, pero la defensa interpondrá amparo, y si no, ellas lo presentarán, lo que demora más.

Los amparos están tardándose en resolver más o menos un año, insisto, sin considerar la reforma judicial, o sea van a llegar nuevos jueces de distrito, nuevos tribunales. ¡Va a ser un desastre!”, advierte Ugarte.

Además las medidas cautelares de prisión preventiva duran solo dos años, y Eduardo “N” cumplirá uno en prisión el 14 de marzo, por lo que quedaría libre.

“Vamos a tener que volver a pelear, porque lo vamos a pelear, pero si no se puede, él va a salir… va a poder llevar su proceso en libertad y eso, por supuesto, sí nos preocupa… una justicia retrasada deja de ser justicia”, concluye la abogada.

La defensa teme represalias contra Ángela y su familia, por la opacidad de una jueza estatal.