Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó este 11 de diciembre la reforma constitucional con la que se prohíbe el uso de vapeadores o cigarros electrónicos y el uso ilícito del fentanilo.

Aunque hubo coincidencia en que se establezca la prohibición del uso ilícito de fentanilo y de drogas sintéticas no autorizadas, el debate se centró en la prohibición de vapeadores, pues la oposición se pronunció en contra y el grupo mayoritario defendió la necesidad de prohibirlos.

Por parte del PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés señaló que en México, al menos dos millones de personas utilizan vapeadores o cigarros electrónicos y que una prohibición en su uso podría favorecer su venta en el mercado negro, por lo que lo mejor sería regular su uso.

“La prohibición en ningún momento de la humanidad ha resuelto un problema de salud pública, lo que lo ha resuelto es la regulación, responsable e inteligente”, fustigó.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, coincidió y criticó que un régimen de izquierda apueste por la prohibición.

“Las propuestas que en otros países a veces ni siquiera se atreve la derecha a poner a discusión sea aquí nuevamente la izquierda la que venga a romper con un planteamiento que nos dijeron desde el inicio del primer gobierno de izquierda en este país que estaba prohibido prohibir”, sostuvo.

Desde el Partido Verde, la senadora María del Rocío Corona, señaló que es necesario que avance esta reforma, no sólo por el daño que causan los vapeadores y cigarros electrónicos, sino porque con ellos, el sector de menores de edad está en riesgo.

“La situación de los cigarros electrónicos o vapeadores nos está quitando la tranquilidad, podemos tener todo, pero sin salud no tenemos nada y es alarmante y preocupante porque un número importante de jóvenes y menores de edad lo están utilizando”, añadió.

La reforma avalada a los artículos 4 y 5 de la Constitución restringe la producción y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como la fabricación y distribución de sustancias, precursores químicos, fentanilo y drogas sintéticas no autorizadas.

Tras la aprobación de la reforma en lo particular, la minuta será enviada a los 31 congresos locales del país, donde requerirá del aval de 17 Legislaturas estatales para lograr su entrada en vigor.