Publican Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Edomex

A partir de hoy por autoridades estatales, municipales, transportistas y usuarios deben aplicar y acatar sus disposiciones

Alberto Dzib
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Foto: Alberto Dzib
Entra en vigor nueva Ley de Movilidad del Edomex

Este 22 de mayo se publicó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, que contempla cambios, principalmente en la prestación del servicio de transporte público y en la mejora a la infraestructura general tanto para peatones como para vehículos no motorizados.

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, sostuvo que se trata de un hecho histórico para el Edomex y destacó la incorporación de la certificación obligatoria de conductores del transporte público, la renovación del parque vehicular y la creación de mecanismos de seguridad vial, perspectiva de género, paraderos seguros y accesibilidad.

“Con esta ley, la gobernadora Delfina Gómez, reafirma su compromiso para transformar la movilidad del pueblo mexiquense después de 90 años de abandono”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

Transporte con videocámaras y seguro a pasajeros

En la norma publicada en la Gaceta resalta que las unidades de transporte público deberán contar con sistemas de videograbación al interior para seguridad de las y los usuarios.

Establece que todo concesionario de transporte público deberá contar con una póliza de seguro que permita cubrir aspectos como la pérdida de vida de cada persona afectada, indemnización por lesiones y gastos médicos, así como pago de deducible.

Incluye disposiciones sobre los derechos de las víctimas en hechos de tránsito, respecto a que ellas o sus familiares recibirán acompañamiento e información de las autoridades, atención médica, así como asistencia y reparación integral del daño.

Además prevé que independientemente de las responsabilidades civiles o penales en que incurra algún prestador del servicio, la secretaría podrá suspender o cancelar concesiones como medida de sanción.

Infraestructura con foco en peatones y grupos vulnerables

En materia de infraestructura, indica que su diseño y ejecución priorizará a peatones, grupos vulnerables, vehículos no motorizados y transporte público, a fin de evitar accidentes y en atención a la jerarquía de la movilidad.

Incluye la creación del Fideicomiso de Movilidad para Ciclistas y Transeúntes del Estado de México (FIMOCyT) que “deberá ajustarse de manera anual a las necesidades y al balance financiero que se requiera”, previo estudio en materia de movilidad que estará a cargo de las autoridades.

También se crea un Fideicomiso para la Infraestructura del Bienestar (FIB) para mejorar la infraestructura con enfoque de movilidad universal, seguridad vial y accesibilidad; dar mantenimiento a la misma y desarrollar acciones para reducir siniestros en perjuicio de sus usuarios y se ajustará cada año.

En materia de género, la nueva ley señala que las estrategias de movilidad deben acompañarse de acciones afirmativas para evitar la violencia de género contra las mujeres.

Transporte regula servicio por apps

En la nueva ley, se establece que podrán prestar servicio colectivo los sistemas masivos de más de 100 personas; de mediana capacidad, 25 a 100 personas; de baja capacidad, de hasta 25 personas.

El servicio individual, que ofrecen taxis, podrá trasladar hasta 5 personas, quienes que no pueden dar servicios mayores o colectivos, ni de paquetería o mensajería.

Y se incorporan y regulan, por primera vez, el servicio individual asociado a plataformas digitales, para las aplicaciones como Uber, Cabify, DiDi; y el de mototaxi o bicitaxi, que deben cumplir características físicas y de operación, de acuerdo a una norma técnica.

Se tendrá un observatorio ciudadano

La nueva ley contempla la operación de un Observatorio Ciudadano de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, que se encargará de proponer políticas pública, programas y acciones en materia de movilidad, seguridad vial y transporte.

Éste órgano estará integrado por representantes de los gobiernos estatal y municipales, así como por integrantes de organizaciones civiles, universidades y prestadores del servicio