La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el juez Enrique Beltrán Santes, por su probable responsabilidad en el delito de contra la administración de justicia, ante su decisión de dar libertad condicional a Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, imputado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos.

La FGR anunció que impugnará ante instancias superiores esa decisión, que califica de contraria a la ley y absurda, al señalar que el jurista se basó en argumentos subjetivos y sin sustento probatorio .

“En una decisión absolutamente ilegal, Enrique Beltrán Santes, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), determinó el cambio de medida cautelar a Víctor Manuel “G”, quien se encuentra vinculado a proceso por hechos específicos relacionados con el desfalco de recursos en agravio de la cooperativa Cruz Azul”, precisa la FGR en un comunicado.

La dependencia presenta un análisis detallado que refuta punto por punto, las afirmaciones del juzgador durante la audiencia del pasado 3 de diciembre.

Garcés Rojo fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado, delitos que, según la fiscalía ameritan prisión preventiva obligatoria conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre las razones con el juez justifica su fallo, está un supuesto deterioro de salud del imputado por su edad, sin embargo, la FGR aseguró que no se presentó ningún dictamen médico que confirmara esta condición, afirmando que carece de respaldo y es producto de una valoración subjetiva.

El juez además señala que Garcés demostró buena conducta en los 12 meses que permaneció en prisión preventiva, a lo que la FGR respondió que no existe un informe oficial del Centro Preventivo que avale dicha conducta.

Otro argumento del juez fue que los domicilios accesibles para el imputado, propiedad de sus hijas y  exesposa, no representan un riesgo de fuga, ya que habría aclarado la titularidad de los inmuebles, pero la FGR responde que esto no cambia el hecho de queaumente el riesgo de sustracción, pues facilitan un potencial ocultamiento del imputado.

En cuanto a los recursos financieros de Garcés, el juez expresó que no hay certeza de que los fondos retirados de una cuenta de inversión con más de 138 millones de pesos estén bajo su control a lo que la FGR argumenta que esos recursos fueron retirados en efectivo y que la defensa no presentó pruebas para demostrar que fueron transferidos a otra cuenta, lo que confirmaría que el imputado mantiene acceso a ellos.

Finalmente, la FGR criticó que el juez omitiera pronunciarse sobre otros elementos relevantes del caso, como las amenazas a testigos y la existencia de otro procedimiento penal en contra del acusado.