Las y los diputados que integran las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Procuración y Administración de Justicia de la LXVII Legislatura del Estado de México, aprobaron por mayoría un dictamen que conjunta tres iniciativas para modificar la Constitución Política estatal en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de México.

El dictamen de reforma a 23 artículos constitucionales, cuya aprobación requiere la votación a favor de dos terceras partes del Pleno, conjunta una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena; otra del PT; y una más de autoría conjunta de morena, PT y PVEM.

En la discusión en lo particular del dictamen, legisladores de Morena, como Carlos Antonio Martínez Zurita y Octavio Martínez Vargas, destacaron que la reforma coloca a la ciudadanía en el centro del sistema, consolida la democracia y fortalece la independencia judicial. 

Por su parte, el PVEM subrayó que la reforma otorga a los ciudadanos el derecho a elegir a funcionarios de órganos jurisdiccionales y mejora la impartición de justicia, eliminando prácticas como el nepotismo.

En contraste, la diputada priista María Mercedes Colín advirtió que la reforma compromete la independencia judicial al permitir que el Legislativo designe a la presidencia del Poder Judicial, mientras que Pablo Fernández de Cevallos, del PAN, criticó la iniciativa como una "simulación democrática", señalando riesgos de intervención del crimen organizado y posibles violaciones a derechos humanos por las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina.

Mientras que, la Diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por el apresurado análisis de una reforma de gran relevancia, calificando el proceso parlamentario como una simulación que vulneró el debido proceso legislativo, especialmente al existir tres iniciativas sobre el tema.

Por lo anterior, en la discusión de la reforma en lo particular, la diputada reservó los artículos 88 bis, 89, 91 y dos transitorios; proponiendo eliminar disposiciones sobre controversias constitucionales, facilitar la rotación de adscripciones judiciales para combatir la corrupción y fortalecer requisitos académicos y de experiencia.

Además de que el Pleno, y no la Diputación Permanente, la que designe al titular del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, estas propuestas fueron desechadas, por lo que se aprobaron en sus términos originales.

Entre sus planteamientos también destacó que la Escuela Nacional de Formación Judicial debería gestionar el examen de competencias y, aunque sus reservas no prosperaron, el dictamen final sí incluyó su propuesta para ampliar acciones afirmativas en procesos electorales, lo que refleja parte de su contribución al debate legislativo.

El dictamen reconoce el enriquecimiento del análisis de las iniciativas mediante la participación de Jesús George Zamora y Ricardo Sodi Cuellar, titulares de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, y del Poder Judicial, respectivamente, así como de Amalia Pulido Gómez y Francisco Javier López Corral, consejera presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El dictamen pasa al Pleno, donde se prevé sea discutido y votado este jueves.