La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos presentar una propuesta de reforma que permita la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación en la entidad.

Según el acuerdo, el documento será presentado a la Junta de Coordinación Política para que ésta la remita al pleno para su votación como asunto de urgente y obvia resolución el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El acuerdo se alcanzó tras una discusión que se prolongó por más de cuatro horas, en la que los grupos parlamentarios, salvo Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano, cuestionaron el procedimiento legislativo ya que de inicio se pretendía votar un dictamen de reforma sin que se presentara una iniciativa ante el pleno.

Legisladoras del PAN, PRD y PT señalaron que el análisis inició sin que existiera una iniciativa formal turnada a la comisión, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso.

La diputada del PRD, Aracelí Casasola, manifestó su respaldo a la interrupción legal del embarazo, pero pidió no violar el procedimiento legislativo.

"Aclaro, siempre el PRD ha estado a favor de la interrupción legal del embarazo, siempre hemos peleado esos derechos, pero ahorita es el procedimiento, presidenta, yo no sé si lo pudieran corregir, pero si se trata de discutir en esta comisión este proyecto, aquí está el mío y aquí está a lo mejor el de todos, yo creo que no deben ser así; tenemos que corregir lo que está pasando", expresó.

Por su parte, la diputada sin partido Paola Jiménez llamó a centrar el debate en los derechos de las mujeres, señalando que el tema ha sido debatido en múltiples ocasiones.

“Compañeras, este es un debate nuestro, abracémoslo así. La discusión es nuestra. No permitamos que otras voces que nunca se involucran en nuestros temas... hoy nos vengan a decir qué vamos a hacer”, enfatizó.

La propuesta presentada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Zaira Cedillo Silva, busca modificar el Código Penal estatal para eliminar las sanciones contra las mujeres que interrumpan su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. 

Actualmente, este ordenamiento contempla penas de uno a ocho años de prisión para quienes practiquen abortos y sanciona al personal médico con la suspensión de hasta 20 años en el ejercicio de su profesión.

Se agregó que de inicio esta propuesta sólo plantea la modificación del Código Penal estatal para despenalizar el aborto y posteriormente se buscará reformar el Código Civil estatal y el Código Administrativo para integrar un plan de salud que atienda a las mujeres que requieren de la interrupción del aborto.